Sr. Embajador de España
Embajada de España
Managua (Nicaragua)
Managua, 16 de octubre de 2006
Muy señor mío:
Por la presente, me dirijo a Usted en base a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, teniendo en cuenta que por su puesto de Embajador de nuestro país en Nicaragua, es un funcionario del Estado y como tal sometido a nuestras leyes independientemente del lugar geográfico en el que se encuentre.
En ese sentido, y haciendo uso de los derechos que esas leyes nos conceden a los ciudadanos, me permito dirigirle unas preguntas a las que solicito contestación oficial:
1. ¿El acto celebrado en nuestra Embajada para celebrar el Día Nacional de nuestra Patria, fue financiado con dinero público o lo financió Usted con su propio dinero?.
2. ¿Me ha sido retirada por el Estado mi nacionalidad española sin haber sido informado de ese extremo?.
3. Si al punto 1 la respuesta es que se financió con dinero público y al 2 que sigo siendo español, entonces, ¿porqué no fui invitado, al igual que no lo fueron otros muchos compatriotas, a la misma siendo, que como ya he indicado, es la fiesta más importante de nuestra Patria?.
4. ¿Esa actuación de Usted como Embajador obedece a órdenes de nuestro Gobierno en el sentido de discriminar a los ciudadanos españoles en actos organizados por nuestras embajadas y pagados con dinero público?.
Sr. Embajador, quiero manifestarle con todo el respeto, pero con toda firmeza, que su actuación en este hecho me parece insultante para los ciudadanos españoles, a los que teóricamente representa, a los que se debe como funcionario y que además son los que pagan su sueldo. Claro que esa actitud no es un hecho aislado, pues en los casi dos años que llevo en Nicaragua Usted no ha compartido ni una sola vez con nosotros y en lo personal, y a pesar de haber pedido una cita con Usted hace ya casi un año, todavía no se ha dignado contestar a esa solicitud. No se si es que piensa que su rango de Embajador lo sitúa muy por encima de todos nosotros, pero si es así déjeme decirle que nuestra Constitución no habla de españoles de primera y españoles de segunda categoría y que ese rango lo hace a Usted, como ya he indicado al principio, ni más ni menos que un funcionario y como tal una persona que está a nuestro servicio y no al revés.
Atentamente,
Miguel R. de Arriba Escolá
