Operadores de ¿justicia?

Parece que nuestro sistema judicial está inmerso desde hace un tiempo en una vorágine, que nada bueno puede traernos a los ciudadanos y por supuesto al Estado mismo.
Es muy claro, al menos lo es para mi, que de los tres poderes que conforman el mencionado Estado es el Judicial el más importante si lo tenemos como el responsable de que el fiel de la balanza no se desvíe y de esa forma se pueda mantener la convivencia de los ciudadanos de una forma civilizada sin obligarlos a vivir bajo la ley de la selva.
En este mismo blog escribí anteriormente dos post en relación a este mismo tema:

*¿Es España una "república bananera"?
*Los ciudadanos necesitamos aclaración urgente

La situación no sólo no ha variado a mejor, sino que a menudo salen a la luz pública nuevos casos que nos escandalizan y que indefectiblemente crean alarma social en los españoles.
Ahora, parece que la Abogacía del Estado y la Fiscalía General, que en teoría están para defender los intereses de la SOCIEDAD, sociedad con mayúsculas pues es la que formamos TODOS los ciudadanos españoles, que no una S.A. determinada con nombre y apellidos; han decidido incumplir gravemente sus obligaciones (si nos atenemos a esta noticia (leer aquí) de la que adjunto unos párrafos significativos al final) y ponerse al servicio de intereses espúreos poniendo con ello en peligro la confianza que los mencionados ciudadanos deben tener en los operadores de justicia para como he dicho propiciar una convivencia pacífica.

Pues bien, ante una conducta de este tipo y ante unos presuntos daños tan inmensos para la Hacienda Pública los hechos son los siguientes:

1. La Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, HA PEDIDO EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA EN SIETE OCASIONES (EL PAIS, 23 de noviembre de 2006).

2. El Ministerio Fiscal (¿siguiendo órdenes del Gobierno?) mantiene que “sólo puede formular acusación quien tiene derecho a ello", es decir, la Hacienda Pública. Pero como esta no presenta acusación, el Fiscal argumenta que "no se tiene el derecho a que se declare inocentes o culpables” y, en consecuencia, también viene solicitando el sobreseimiento, en este caso EN QUINCE OCASIONES a lo largo de los doce años que se llevan de procedimiento (EL PAIS, 23 de noviembre de 2006).

¿Hace falta algún comentario más para determinar la naturaleza de estos hechos?