Al Congreso de los Diputados

Sr. Presidente del Congreso
Srs. Diputados
Congreso de los Diputados
Madrid ESPAÑA
Managua (Nicaragua), 27 de Abril de 2005
Muy señores míos:
Soy un ciudadano español residente en el exterior en pleno goce de mis derechos constitucionales y me dirijo a Ustedes en virtud de:
1) El derecho de petición que la Ley me otorga.
2) Ustedes son los representantes de los ciudadanos y por lo tanto ¿nuestra voz? en el Congreso.
3) El Congreso tiene, entre otras misiones reconocidas por la Ley, hacer un seguimiento del Poder Ejecutivo y en ese sentido puede hacer interpelaciones al mismo.
Así pues, les remito las siguientes preguntas que solicito formalmente y de acuerdo al mencionado derecho que la ley nos otorga a los ciudadanos sean hechas al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores como máximo responsable de la actuación de los funcionarios del servicio exterior:
1) Entiendo, y entienden otros españoles residentes en el exterior con los que he intercambiado puntos de vista, que nuestras representaciones diplomáticas tienen la obligación de ayudar y proteger a los ciudadanos españoles que residen en sus circunscripciones. Ahora bien, cada vez que solicitamos auxilio se nos dice que no pueden hacer nada y la única actividad que realizan en nuestro favor es la renovación del pasaporte. A la vista de lo anterior, ¿para que sirve la ingente cantidad de recursos públicos que se gastan en el mantenimiento de nuestras Embajadas, (que conlleva sueldos excelentes de esos funcionarios, buenas residencias, buenos vehículos y excepcionales prerrogativas diplomáticas que les permiten moverse sin cortapisas) y que salen de nuestros bolsillos?.
2) Los españoles residentes en el exterior estamos conscientes de que las Embajadas no pueden dar órdenes a los Gobiernos ante los que están acreditadas; sin embargo, eso no es óbice para que defiendan a los ciudadanos españoles cuando sus derechos son conculcados pues para eso son las prerrogativas diplomáticas antes citadas, que están recogidas por la Convención de Viena, y que sirven para poder dirigirse a las autoridades correspondientes expresando su protesta. ¿Por qué no lo hacen?.
3) La respuesta "no podemos hacer nada" ¿es una determinación tomada por los funcionarios del servicio exterior de "motu propio" o es una orden emanada del Gobierno español en el sentido de dejar abandonados a su suerte a los ciudadanos españoles residentes en el exterior?.
4) ¿Por qué el Gobierno español sigue usando el dinero público, el de todos los españoles, para financiar a gobiernos declaradamente corruptos y que además niegan los derechos más fundamentales a los ciudadanos españoles que residen en sus países?.
Veamos Señorías si en verdad nos representan.
Atentamente,
Miguel R. de Arriba Escolá