Referendum

En relación con el artículo publicado en El País que adjunto, hay algo que está muy claro para muchos españoles, más de los que el Gobierno piensa e incluso de los que El País piensa.

Cualquier Estatuto que lleve las condiciones del que se está tramitando para Cataluña, atenta contra lo que la Constitución establece. Para no ser muy extenso citaré uno de los derechos fundamentales y básicos: se atenta contra la igualdad de todos los ciudadanos que vivimos en el territorio español, en el que se incluye la propia Cataluña hasta que se separe del mismo.

Es claro, pues, que si se va a cambiar la Constitución ... los españoles, TODOS, tenemos el derecho a opinar por medio de un referendum sobre lo que nos parece el cambio y si lo aceptamos.

¿Cuál es el miedo de nuestros "democráticos" dirigentes a que se haga uso del instrumento más representativo de la democracia, cual es el Referendum?

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Referéndum de choque

Puesto a defender la Constitución frente al Estatuto de Cataluña, el presidente del PP, Mariano Rajoy, planteó ayer una propuesta directamente inconstitucional: promover por vía de iniciativa popular un referéndum en toda España sobre ese estatuto. Hasta tal punto es inconstitucional la ocurrencia que su partido se vio obligado a aclarar posteriormente que se trata más bien de recoger firmas para apoyar una proposición no de ley instando al Gobierno a que plantee una proposición de ley para convocar un referéndum en todo el territorio español. Este galimatías no oculta la evidencia de que lo que se pretende no es tanto que se convoque ese imposible referéndum como excitar las pasiones en torno a su discurso de denuncia frontal de la reforma catalana. Tan frontal que las moderadas declaraciones del líder del PP en Cataluña, Josep Piqué, en las que apreciaba una mejora en el texto tras la negociación Zapatero-Mas, han sido objeto de una descalificación brutal por parte de Acebes que le ha colocado ante la disyuntiva de callar o marcharse.

La Constitución contempla la posibilidad de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley, pero establece una serie de exclusiones: no podrán abordar materias tributarias, ni medidas de gracia, ni acuerdos internacionales y tampoco leyes orgánicas. El Estatuto lo es. Tales limitaciones tratan de evitar, según el preámbulo de la Ley reguladora de la iniciativa popular, "manipulaciones demagógicas" e incluso intentos de legitimar bajo el manto de un supuesto "consenso popular" posiciones partidistas. El intento de burlar estas limitaciones con el galimatías mencionado tiene todo el aire de un fraude de ley.

Pero la iniciativa supone sobre todo vulnerar las previsiones constitucionales y del propio Estatuto sobre el procedimiento de su reforma: propuesta del Parlamento autonómico, aprobación por mayoría absoluta en las Cortes y referéndum en la comunidad. Es una fórmula equilibrada: la necesidad de convalidación por las Cortes debe ser tenida en cuenta por los redactores del anteproyecto, pero la última palabra la tienen los ciudadanos de Cataluña, lo que deberá ser tenido en cuenta por el Congreso a la hora de negociar correcciones y enmiendas. Ese equilibrio se rompe si se establece un referéndum del conjunto de los españoles.

Las razones que pueda tener Rajoy para oponerse al texto las pierde cuando se sube al carro de la demagogia populista que otras veces ha criticado. Puede sostenerse, como hace Piqué, que las críticas del PP han contribuido a que los socialistas recortasen las aristas inconstitucionales del texto, y exigir, en nombre de sus casi 10 millones de votantes, que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Si ni siquiera puede decirse lo que dijo Piqué, se está emitiendo el mensaje de que lo que importa no es mejorar el Estatuto, sino convertirlo en bandera de la estrategia de cuanto peor, mejor.

Romper la Constitución, un gran error...

(La Razón). Podrá decirse, y no sin razón, que estamos polarizados, ad delirium, en una sola cuestión desde hace meses: escenificar cómo un Estado, entre los más viejos del mundo, y cuyas fronteras apenas se han modificado en 500 años, va recorriendo una senda perversa, con el impulso de sus propios órganos rectores, para entrar en un proceso que podría ser la primera fase de su propia disolución.

El panorama en cuestión no sólo es inquietante por el nuevo Estatuto de Cataluña, sino, sobre todo, por lo que su eventual aprobación apresurada e inconstitucional podría precipitar. En ese sentido, estamos ante la típica situación de “todavía más”. Porque, efectivamente, la aprobación de ese Estatuto con el enfoque que sorprendentemente está inculcándole Rodríguez Zapatero, no sería sino el principio de algo mucho más complicado y peligroso, pues en poco tiempo vendría el “todavía más” de ir a la secesión, o a un Estado confederal agua-chinado por su laxitud. Y en esa trayectoria centrífuga entrarían otras CC.AA., como ya se ha advertido públicamente, al plantearse la Cláusula Camps respecto al proyecto valenciano.

El ambiente es más que preocupante, como se ha visto con el reciente debate público en torno al artículo 8 de la Constitución. Y en análogo contexto, cabrá preguntarse, legítimamente, qué va a pasar con el artículo 56.1 de nuestra Carta Magna, en el que se dice textualmente: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones…”.

Cataluña es muy importante dentro de España: representa el 6 por 100 de su territorio, el 15,5 de su población, y en torno al 20 por 100 del PIB. Pero sobre todo, es decisiva por lo que representa de avanzada en cuestiones como cultura y tecnología, economía y arte, y tantas otras cosas. Y todo lo que se ha conseguido en esa dirección en los últimos 27 años, que ha sido mucho, se logró en un marco constitucional y estatutario que ahora quiere trasmutarse. Con un texto, que si no se remedia, crearía condiciones discriminatorias para el resto de España (y a favor de una minoría política ansiosa de poder), redundando en una animadversión profunda entre CC.AA. que lo complicaría todo.

En ese sentido ya se ve frotándose las manos, con el mayor descaro, a los nacionalistas del País Vasco, incluida la Batasuna ahora extrañamente protegida por el Presidente del Gobierno. Todos, buscando una nueva versión del Plan Ibarreche, a la que también el PSOE local ya parece dispuesto a dar sus bendiciones, en busca de una Nación Vasca que nunca existió. Pues sólo en 1936 se formó, efímeramente, por primera vez, un conjunto autónomo vasco. Consagrado después, con muchas más facultades, por la Constitución de 1978.

Y ahora llega el turno a Galicia, donde para justificar la idea de la Na-ción Gallega (¿es qué no puede pensarse en otra cosa desde los nacionalismos históricamente aberrantes?), el BNG ha resucitado el Reino de los Suevos (sic) de los siglos V y VI. Con un desconocimiento histórico tal, que no cabe sino recomendarles que por lo menos se lean el inolvidable libro de Luis García Valdeavellano (“Historia de España: desde los orígenes a la baja Edad Media”, Revista de Occidente, 1952), donde se relatan los episodios de sus reyes, desde Hermerico (a. 430), hasta Eborico y Andeca (a. 583).

Los disparates que vamos viendo, resultan cada vez más difíciles de calibrar. Y el eco que están teniendo en La Moncloa es más que preocupante. El Sr. Rodríguez Zapatero es muy joven, sólo 45 años, y hace 27, cuando se refrendó popularmente la Constitución, sólo tenía 18. Apenas había llegado a la mayoría de edad, pero se supone que sabe lo que fue la transición, y lo mucho que representa el pacto constituyente de 1978. Y si ahora quiere romperlo, que lo diga, y que recurra a los artículos 167 a 169 (con mayorías del 66 por 100 en las dos Cámaras y referéndum nacional), en vez de ir por el camino de fraude de ley que emprendió con su permisividad para trasmutar los estatutos.

Querer quebrar ahora la Constitución, con 28 años de éxito a sus espaldas es una aventura más que temeraria, y en ese sentido, cuando se ha invocado la aplicabilidad de su artículo 102.1 y 2, no se está lejos de la realidad. La transición se hizo, la hicimos, para sentar las bases de la definitiva España democrática sine die. Hacer ahora borrón y cuenta nueva, sería un grave error, e incluso un crimen político. No podemos consentirlo, y en nuestra Ley de Leyes hay resortes democráticos para poner fin a tanto contrasentido histórico, e impulsar con fuerza el futuro en común.

Publicado en el blog de Ramón Tamames

¡Esto está imparable!

Pareciera que este Gobierno está empeñado en aumentar la temperatura del termómetro del malestar, pues a cada paso que da se empeña en retar la paciencia de los españoles.
Aunque el Sr. Zapatero no se haya enterado, los ciudadanos que piensan en español son la mayoría aplastante y si sigue con esa táctica de irrespetar sus convicciones seguramente se va ha encontrar con algo que no le va a gustar.
El Sr. Zapatero puede ser el Presidente del Gobierno, pero eso no lo hace el amo de España, lo hace nuestro empleado y como tal le podemos dar una patada en el trasero.
La última el traslado del un archivo histórico desde el lugar "histórico" en el que se encontraba. Si es la Historia de España (de todos los españoles), ¿cual es la necesidad de trasladarlo desde su lugar histórico?, ¿acaso Salamanca no es suficientemente representativa?, ¿o tal vez la prisa tiene lugar con motivo del Estatuto y la posible disgregación de España?.
¡Ah!, al Sr. Josep Antoni Duran Lleida ... ¿y porqué no devuelve los archivos de la Corona de Aragón a Aragón por la misma regla de tres que solicita los que están en Salamanca?.
Del Rey hablaré en otro artículo.

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La Junta de Castilla y León asegura que la salida de 'los papeles' del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, a las 6.15 horas, consuma la ruptura definitiva de la unidad del centro y denuncia "la forma humillante y prepotente" con la que el Gobierno ha ejecutado el traslado, con "la nocturnidad propia de quien siente vergüenza de hacerlo a la luz del día".


El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, pidió hoy que "nadie eche más leña al fuego" por el retorno de los documentos incautados a la Generalitat republicana que se encontraban en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca y recordó que la ciudad no sufrirá "ningún perjuicio" por la salida de los 'papeles'.

MALESTAR

Creo que esta carta está muy clara y refleja el pensamiento de muchos españoles que estamos anonadados por el rumbo que lleva nuestra Patria.

Cuando pensábamos que España había dejado atrás sus problemas y comenzábamos un despegue hacia la paz y la prosperidad, resulta que estábamos equivocados y que todo lo construido con mucho esfuerzo por varias generaciones se encamina a su destrucción.

A estas alturas muchos estarán lamentado su voto en las últimas elecciones y la pregunta que surge de forma urgente es: ¿aguantará España hasta las próximas elecciones?

Carta a la directora

Malestar

Capitán de Infantería D. Roberto González Calderón Jefe de la 1ª Compañía de la
I Bandera "Cte. Franco" del Tercio Gran Capitán 1º de la Legión. Melilla

Respetada Sra. Directora:

Tras una cuidadosa deliberación de cuál sería la mejor vía para hacer pública esta carta y dejando de lado (ya que tengo una familia que mantener y la sana intención de llegar a mi edad de retiro no de forma prematura) la primera de ellas, que era plantarme con mi Compañía en el Ministerio de Defensa y entregarle en mano al Sr. Bono esta misiva, decidí enviarle estas líneas con la ilusión de que tuviera a bien el publicarlas. Por supuesto, soy consciente que con este acto cerceno, muy posiblemente, de forma definitiva cualquier aspiración de ocupar algún día un puesto de responsabilidad en la cúpula militar, cosa que por otro lado jamás me importó en demasía.

Esta carta es el fruto de un fortísimo sentimiento de desasosiego, al comprobar los derroteros que está tomando la situación política y social de esta nuestra Nación, España. Escuché en televisión, en fechas recientes, cómo nuestro Presidente del Gobierno en una rueda de prensa, zanjaba de forma contundente la problemática suscitada con las declaraciones del Tte. Gral. Mena, diciendo que, tras consulta con sus asesores, se podía determinar que en las Fuerzas Armadas no había malestar ni preocupación por los temas aludidos.

Pues bien, Sr. Presidente del Gobierno, no es cierto lo que sus asesores le han dicho o las interpretaciones que se han hecho. Por supuesto que existe malestar, como no podía ser de otra manera, dentro y fuera de las Fuerzas Armadas.

Malestar al ver cómo se está desmembrando nuestra España; malestar al ver cómo de forma impune se queman banderas nacionales en actos públicos; malestar al ver cómo se convocan manifestaciones y actos sociales en nombre de la banda terrorista (con diferentes nombres y formas); malestar al ver cómo existe ya una generación de españoles que no reconocen a España como su Patria, gracias a la delegación de competencias en materia de educación que se hizo en su día; malestar al comprobar que en todas y cada una de las cadenas de TV, tanto públicas como privadas, cada vez que aparece un uniforme, ya sea del Ejército o de las FCSE, es para servir de mofa a los telespectadores; malestar al no poder llevar una camiseta con la enseña nacional, sin temor a ser insultado en algunas regiones españolas; malestar al ver cómo domingo tras domingo en los resúmenes futbolísticos se contemplan diferentes muestras de apología del terrorismo en nuestros campos de fútbol; malestar al ver que tienen más derechos los verdugos que las víctimas; malestar al comprobar que en este bendito país ha empezado a preocupar realmente la banda asesina cuando los que tristemente caían no llevaban uniforme verde oliva o caqui; malestar al ver que se ocultan determinadas actuaciones de nuestras FAS en misiones en el extranjero, por miedo a perder votos; malestar al ver cómo se intenta debilitar el carácter militar de los ejércitos, haciendo publicidad de éstos como si fueran ONGs y permitiendo una nefasta selección de cuadros de mando y tropa al ingreso en los centros docentes; malestar al leer el artículo del pasado 12 de enero en el "prestigioso" diario Avui, en el que un simpático llamado Iu Forn (que al parecer es su nombre real y no un mote) insultaba de forma gratuita a las madres de los que efectivamente estamos "enfadaditos" con el estatuto catalán; malestar en general al ver que todo lo que es contrario a la idea de España, Iglesia, familia y respeto a los que nos precedieron y lucharon por una España mejor, está de moda, es lo democráticamente correcto y lo progresista.

Todo esto es un cúmulo de circunstancias que se han ido poco a poco haciendo palpables en nuestra sociedad, permitidas todas ellas por la clase política en general, sea de la ideología que sea, todas ellas consentidas para ganar votos, escaños y alcaldías, de forma que nuestros políticos han sacrificado la idea de Nación y de Patria para engordar sus ansias de poder. Es triste contemplar cómo cada día se saca provecho electoral de cualquier desgracia nacional que suceda, por muy luctuosa que ésta sea. Qué lamentable es contemplar para un ciudadano de a pie cómo mis supuestos representantes políticos se enfrascan en batallas dialécticas con los cuerpos aún calientes de compañeros fallecidos en acto de servicio.

Pues Sr. Presidente, va a resultar que al final sí que hay malestar e inquietud, al menos de éste que suscribe, con la esperanza que haya muchos más que compartan estas ideas y se sumen a esta débil pero firme voz que dice, basta ya, España será siempre una única Nación, nos gusta ser españoles y por supuesto seguir siéndolo. Estoy molesto y preocupado Sr. Presidente.

Los partidos políticos son organizaciones poco competentes

Varias veces he escrito sobre el tema; ahora me encuentro con esta excelente nota, que hay que tener siempre presente para que los ciudadanos intentemos revertir esta situación que nos mantiene como rehenes de los políticos que han hecho de la manipulación de nuestra Patria su profesión.

Los partidos políticos, nacidos para llevar la voz de los ciudadanos, con autoridad, hasta el poder gubernamental, se han convertido en las maquinarias más perfectamente preparadas y capacitadas para conquistar y retener el poder en el mundo. No sólo han dominado la sociedad y arrinconado a la sociedad civil, penetrando con sus tentáculos en espacios que, en democracia, deben ser autónomos y que les están vedados, como universidades, medios de comunicación, empresas, sindicatos, banca y hasta religiones e instituciones de todo tipo, sino que han dominado también a los ciudadanos, gente libre y orgullosa en otros tiempos y hoy reducidos a ser pobres espectros asustados.

Cualquiera diría que esos partidos, cuyo mayor "éxito" es haber dominado también al Estado, son organizaciones casi perfectas y ejemplares. Sin embargo, Jorge Marsá, en su blog "La Pizarra", nos demuestra lo contrario en una magnífica serie de ocho artículos.

Tras leerlos, uno descubre que esos partidos son organizaciones escasamente democráticas en su vida interna, aisladas de la sociedad, incompetentes y dominadas por el autoritarismo, el cesarismo y el clientelismo, torpes a la hora de adoptar medidas correctas y de analizar la realidad. Con pluma certera y no pocos conocimientos de psicología, Marsá abre en canal a esas poderosas organizaciones y descubre que su éxito y su dominio se deben, sobre todo, a que, al estar unidas y cohesionadas, se enfrentan y dominan fácilmente a ciudadanos desorganizados que previamente han sido aislados, dispersados, confundidos y asustados.

El análisis descubre, entre otras carencias de los partidos, la pobreza de sus análisis y deliberaciones, que se cocinan en reuniones donde todos los participantes defienden puntos de vista semejantes y donde discrepar es un riesgo que pocos asumen.

Merece la pena leer la serie completa.

votoenblanco.com

La intromisión que no para

El artículo que reproduzco a continuación es tan claro que no necesita comentarios.
¿Es a esto a lo que queríamos llegar con nuestro voto en las últimas elecciones?.
¿Acaso ese voto autorizó, y por tanto legitimó al PSOE, para tomar las determinaciones que está tomando ... o nos está tomando el pelo a todos?.
¿Tendremos que aguantar 4 años viendo impávidos estos desmanes que amenazan nuestra convivencia e incluso la estabilidad del propio Estado, que tantos sudores ha costado construir?

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Parece que en los actuales tiempos no existe gobierno, casi ni Estado, sin tendencias totalitarias. Da lo mismo que sea de derechas, centro o izquierdas, que tenga mayoría absoluta o pelada, que sea americano, europeo, africano o asiático, que haya alcanzado el poder en las urnas o mediante un golpe.

La idea antigua de que sólo las dictaduras eran totalitarias resulta ingenua, porque el totalitarismo consiste, sobre todo, en la intromisión de los gobiernos en todas las esferas de la sociedad, en el afán de regularlo, controlarlo e intervenir en todo, de condicionar la vida de los ciudadanos e influir en ella, en no dejarles apenas márgenes de libertad y decirles cómo han de comportarse y organizarse, no sólo en lo público y común, sino asimismo en lo personal y privado.

Y de la misma manera que se va perdiendo la creencia de que las diferencias entre particulares puedan dirimirse sin recurrir a un juez, y así los países se llenan de denuncias y pleitos, también se está perdiendo una noción importantísima para las sociedades libres, a saber: que no todo tiene que estar regulado y supervisado por instancias superiores; que el Estado no tiene derecho a opinar de todo y menos aún a dictar normas para cualquier actividad, iniciativa o costumbre.

Y al perderse esa noción se le cede todo el campo al gobierno de turno (lo que todo gobierno desea), con la consiguiente renuncia de los individuos a sus criterios, su participación y su autonomía.

Un suicidio. En estas fechas ha entrado en vigor (en España) la -esta sí- dictatorial ley antitabaco, con la ministra Salgado permitiéndose tratar a los ciudadanos como a menores de edad, al decir a los fumadores, entre otras cosas abusivas, que acabarán agradeciéndole que les prohíba fumar en tantos sitios. Con declaraciones así, esa señora se está metiendo simplemente donde no la llaman.

A continuación, el Parlamento de Cataluña crea un Consejo Audiovisual político (lo es, si lo elige la propia Cámara catalana), con atribuciones para sancionar y multar a emisoras de televisión y radio, y aun para cerrarlas temporalmente y conceder o negar nuevas licencias. Y acto seguido se anuncia que también el gobierno central tendrá su nefasto equivalente, un Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales, que considerará “faltas muy graves” cosas tan imprecisas y vagas -es decir, tan aplicables a todo, según los intereses- como la “vulneración del pluralismo” o, aún más ridículo si cabe, la de “los principios de objetividad y veracidad” de las informaciones.

Como si toda información pudiera o debiera ser objetiva y la veracidad no fuera por fuerza, casi siempre, debatible y subjetiva. Por mencionar un solo ejemplo reciente, yo no creo que deba darse “objetivamente” la noticia de que tres señoritingos barceloneses han quemado viva a una indigente por capricho, sino que han de hacerse bien explícitos el desprecio y la condena de una acción tan repugnante.

He leído ya más de un artículo en contra de estos consejos, a los que se calificaba de “peligrosos”. Para mi gusto, se quedaban cortos: no es que sean peligrosos por lo que puedan hacer en el futuro y cómo puedan ser manejados. Es que son, en sí y por principio, directamente intolerables.

Pero la tendencia totalitaria no se detiene aquí, porque no se detiene nunca por sí sola, y ahora veo atónito que, con pretextos varios, el gobierno y el Congreso (como en lo del fumar, con el insólito acuerdo de todos los partidos) pretenden modificar los horarios de la población española, esto es, sus hábitos y su utilización del tiempo.

He visto en la pantalla a un tal Ignacio Buqueras, presidente de la Comisión Nacional de Horarios, hecho un energúmeno y permitiéndose regañarnos por las horas en que almorzamos, cenamos, vemos la televisión o nos acostamos. Pero, ¿esto qué es?, me pregunté al contemplar al impertinente, y luego he tenido la inquietante sensación de ser de los pocos que se lo han preguntado, tan lamentablemente extendida está ya esa creencia de que los gobernantes pueden entrometerse en todo.

Ese señor Buqueras es, además, un auténtico simple, por decirlo suave: al defender su propuesta de adelantar los horarios españoles de todo, ha declarado que “Así tendríamos mejor calidad de vida y los ciudadanos dejarían de estar tensos y angustiados”. No me diga. Según Buqueras, los españoles sólo están tensos y angustiados por hacer una larga pausa para el almuerzo e irse tarde a la cama.

Y el gobierno permite que semejante razonador lo represente en algo, tenga un cargo y cobre del erario. ¿No hay más motivos de tensión y angustia?, ¿y cómo sabe Buqueras si la gente no estaría aún peor con sus horarios?

El atrevimiento y la simplonería de los llamados “expertos” -en casi cualquier asunto- resultan deprimentes y a menudo insultantes. Si el gobierno no quiere ser totalitario, haría bien en no meterse donde no lo llaman, en no opinar más de lo justo, en no entrometerse en nuestras vidas y costumbres, en administrar lo que le prestamos y en dejarnos en paz con sus vigilancias, imposiciones y manipulaciones.

No se olvide que durante cuarenta años, no muy lejanos, ya fuimos tratados por los poderes como menores de edad y como vasallos. Ya basta.


Javier Marías
Escritor Español