23 noviembre 2005

Corrupción en la Cooperación


La corrupción continua imparable en nuestra Cooperación Internacional.
Desde hace tiempo, y desde mi visión de primera mano por el hecho de residir en Centroamérica, he venido denunciando la corrupción y la hipocresía de nuestra cooperación internacional [ver aquí].
Ahora surge esta noticia que apunta a la máxima responsable de nuestro gobierno en la materia como "facilitadora" de un "reparto" muy beneficioso, económicamente hablando, a ONG´S próximas a los socialistas en general y a ella en particular.
El dinero de la cooperación que como todo el de los Presupuestos del Estado sale del bolsillo de los ciudadanos, es decir del nuestro, y no de los de la Sra. Pajín o de los del Sr. Zapatero y Cía. es muy atractivo pues es facilmente "manipulable" en los paises de destino; como de hecho lo ha sido.
Parece que los socialistas tienen una atracción especial por los actos de corrupción, que ya vivimos antes con su anterior paso por el poder con casos que aún colean hoy día, y que en el poco tiempo de este gobierno han reaparecido como hongos; un día sí y otro también.
Seguramente tienen prisa por "hacer ahorros", pues el poder, al paso que vamos, les puede durar muy poco y seguramente, en esa tesitura, les tiene sin cuidado el refrán que dice: "La mujer del César no sólo ha de ser honrada, ... sino que parecerlo".



La socialista Leire Pajín reparte para los suyos los fondos de Cooperación Internacional
Los socialistas siempre han sido unos firmes defensores del dicho popular “el que reparte se lleva la mejor parte” y en el negocio tan de moda y tan opaco de las ONGs, no iban a dejar de sacar baza, cuando es a ellos a quienes les toca repartir.

Solidaridad Internacional, una Organización no Gubernamental vinculada al PSOE, será la segunda que más fondos recibirá este año en el programa de ayudas de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) según los datos adelantados por un rotativo madrileño

Lo escandaloso es que la citada ONG era presidida por la diputada socialista Leire Pajín hasta que fue nombrada secretaria de Estado de Cooperación Internacional, organismo de quien depende la distribución de las subvenciones.

Aunque Solidaridad Internacional ha estado durante los últimos ocho años siempre en los primeros puestos, nunca en cuanto a recepción de fondos había llegado a situarse tan arriba. Su posición normal era el séptimo o el octavo lugar, beneficiándose para sus proyectos de cantidades entre los dos millones y medio y los tres millones de euros al año. Por delante de SI se colocaban normalmente ONG de la entidad de Cruz Roja, Cáritas, Intermón, Codespa, Ayuda en Acción, Entreculturas o Médicos Mundi.

Pero además de Solidaridad Internacional, presidida hoy por el socialista Juan Manuel Eguiagaray, la también socialista Movimiento para la Paz, la Democracia y la Libertad (MPDL), encabezado por la ex senadora socialista Francisca Sauquillo, recibirá una importante tajada de los presupuestos para ayuda a la cooperación internacional.

También la Fundación Humanismo y Democracia, vinculada al PP, obtendrá fondos para dos programas y será la undécima más beneficiada. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con el PSOE, dicha entidad no fue encumbrada a los primeros puestos en recepción de fondos, como sucede con SI, durante los mandatos del PP.

16 noviembre 2005

España: la Corona pierde el blindaje

La Corona española, blindada frente a la crítica pública desde la muerte del general Franco porque se consideraba una institución intocable de la joven democracia, ha perdido ya ese blindaje y tiene que hacer frente hoy a un cuestionamiento creciente que ya se manifiesta hasta en los medios de comunicación.
[ Leer comentario completo ]

13 noviembre 2005

¿Una Heredera provisional al Trono?

El artículo del catedrático Jorge de Esteban está muy bien; sin embargo, la pregunta es si a estas alturas le conviene a España la Monarquía.

Primero, porque a la vista de lo que el futuro nos depara con los estatutos que se están discutiendo y con los que seguramente vendrán, pues nadie querrá quedarse atrás, la España que hoy conocemos ya no será la misma y en lo que quede difícilmente podrá caber una monarquía que haya propiciado el desmembramiento.


Segundo, y opino que más importante sin quitarle peso a lo mencionado anteriormente, es que en la actualidad, y tal como explica muy didácticamente Jorge de Esteban en sus dos primeros párrafos, la monarquía es una institución perfectamente inútil para los ciudadanos a
los que sólo representa gastos que no tienen un retorno efectivo y práctico para su vida de ciudadanos.

La institución sólo sirve para que un grupo de personas, la familia real, disfrute “una vida de reyes” a costa del dinero de todos sin hacer absolutamente nada con el agravante de que no hemos sido consultados si deseamos eso. Y si no deseamos eso bastantes personas de mi generación que no tuvimos vela en la decisión de instaurar la monarquía, ¿qué decir de imponérselo a nuestros hijos, nuestros nietos y demás descendencia?. ¿Y si ellos no están conformes, porqué habríamos de imponérselo?.

No, las cosas no pueden “quedar atadas y bien atadas”; la democracia exige, para que sea viable, respirar el oxígeno de la libertad en toda la extensión de la palabra y la libertad se manifiesta y se ejerce cuando las personas pueden elegir.

En una palabra, la monarquía es una forma de gobierno que tuvo su momento en la historia pero que ya no encaja en el mundo del siglo XXI. La cuestión que muchos españoles nos planteamos, lo que los políticos piensen carece de valor pues ya se ha demostrado que no están conectados con los ciudadanos y que sólo defienden sus propios intereses, no es la provisionalidad de los derechos de Leonor al trono sino algo más profundo … ¡la pervivencia de la propia monarquía!.

Si vamos a cambiar la Constitución por conveniencia de los estatutos, también la podemos cambiar en lo que
hace referencia a la forma de Estado, ¿o no?.















Noticias publicadas en elmundo.es
Actualizado martes 01/11/2005 06:02 (CET)
JORGE DE ESTEBAN
Una de las posibles ventajas de la Monarquía sobre la República, como formas de organización política de un Estado, es que resuelve de forma automática, a través de la biología, el siempre complicado problema de la sucesión de la Jefatura del Estado. Si todo funciona normalmente, el hijo o hija sucede al padre o madre, sin solución de continuidad, sin que haya interregnos que manifiesten un vacío de poder. De ahí que existan fórmulas como "The King never dies" o, si acaso, "Le Roi est mort, vive le Roi", que vienen a formular esta continuidad sin sobresaltos, propia de la forma monárquica de gobierno.

Por supuesto, en las monarquías modernas tal posible ventaja ya no tiene tanta trascendencia, porque los reyes no gobiernan, sino que únicamente reinan. Su poder político original se ha transformado en un poder simbólico, representativo e institucional, que no comporta la toma de decisiones, pero que puede ser igualmente de enorme importancia, porque a los pueblos les mueven también los sentimientos, para bien o para mal.
Sea lo que fuere, el nacimiento de una persona que puede convertirse en Rey o Reina es siempre no sólo motivo de alegría para sus padres y para los monárquicos empedernidos, sino también de tranquilidad para el Estado. En tal sentido, la venida al mundo de la Infanta Leonor, hija primogénita de los Príncipes de Asturias, constituye sin duda una cuestión de Estado, que viene a asegurar la continuidad de la Monarquía en España, siempre que siga contando con el necesario apoyo popular.

Ahora bien, la recién nacida, por mor de las circunstancias actuales en nuestro país, no es más que la sucesora provisional del actual sucesor, el Príncipe de Asturias, puesto que el eventual y posible nacimiento de un hermano varón le arrebataría automáticamente su título actual de Heredera del Heredero, quebrando así la seguridad jurídica de la sucesión al Trono. La razón de esta provisionalidad, consagrada en el artículo 57.1 de la Constitución, procede de que en España, desde la Ley de Partidas, ha estado vigente en todas nuestras Constituciones, salvo en el Estatuto de Bayona de 1808 y en la Ley de Sucesión franquista de 1946, una ley sálica moderada que sólo permite reinar a las mujeres en defecto de varón.

De este modo, Juan Carlos I fue nombrado Rey, en circunstancias ciertamente especiales, a pesar de que el primogénito del Conde de Barcelona era una mujer, la Infanta Pilar, cumpliéndose así lo que había existido siempre. Pues bien, esa tradición monárquica se mantuvo también en nuestra vigente Constitución, aprobada por el pueblo español en diciembre de 1978. Pero de entonces a acá las cosas han evolucionado mucho, ha discurrido mucha agua por debajo de nuestros puentes y, en la actualidad, la igualdad entre el hombre y la mujer se ha acabado imponiendo en todos los ámbitos de la sociedad, aunque, por supuesto, todavía no sea totalmente satisfactoria. No es extraño, en consecuencia, que este afán igualitario haya alcanzado asimismo a la propia naturaleza de nuestra Monarquía, en la que sigue rigiendo todavía, como he dicho, una clara discriminación de la mujer.

Sin embargo, es general la opinión de que tal situación debe cambiar o, mejor dicho, que debería haber cambiado ya, antes del nacimiento del primer hijo de los Príncipes de Asturias. De este modo, así lo propuse en estas páginas el 6 de noviembre de 2003, cuando se anunció el inmediato enlace del Príncipe Felipe con Letizia Ortiz, precisamente en un momento en que era posible la compleja modificación del artículo 57.1 de la Constitución. En efecto, toda posible reforma del Título II, referente a la Corona, fue absurdamente blindada por nuestros constituyentes, exigiéndose, en consecuencia, cuatro costosos pasos: aprobación de la reforma por dos tercios de los miembros de cada Cámara, disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones generales, nueva aprobación por dos tercios de cada Cámara elegida y, finalmente, referéndum nacional.
Como se puede deducir, ningún presidente del Gobierno se atrevería en principio a tomar una decisión que equivale a la posibilidad de perder el poder, bien exquisito apreciado especialmente por todo político. ¿Significa entonces que se trata de algo totalmente irreformable? La solución a ese difícil crucigrama únicamente se puede encontrar si se aprovecha el término de una legislatura para disolver las Cortes unos días antes de lo previsto, si se cuenta naturalmente con el necesario consenso, para aprobar la modificación del artículo citado de una forma muy sencilla, esto es, borrando únicamente 10 palabras, para que quedase el último párrafo del artículo 57.1 de esta forma: "...y, en el mismo grado, la persona de más edad a la de menos".
Eso se pudo hacer en febrero de 2004, aprovechando las elecciones de marzo, pero el presidente Aznar no le dio importancia al asunto y perdimos una magnífica ocasión de resolver un problema que ahora ya está planteado y que es de difícil solución en una legislatura donde la crisis nacional, por vía de los Estatutos, lo está complicando todo. La cuestión es, por tanto, que si los Príncipes de Asturias tienen un hijo varón antes de que se lleve a cabo esa reforma, presumiblemente al fin de la legislatura, seria perjudicado éste en sus derechos, puesto que tal modificación tendría que ser con efectos retroactivos. Lo cual, en cierto sentido, no es totalmente legal, si hacemos una interpretación flexible del artículo 9 de la propia Constitución, cuando prohíbe la retroactividad de disposiciones "restrictivas de derechos individuales".

Yo no veo más que una posibilidad factible para resolver, al menos mínimamente, este evidente embrollo constitucional. Pero para eso tiene que haber una voluntad política, clara e imaginativa por parte del presidente de las Cortes Generales, Manuel Marín, y del propio presidente del Gobierno, si es que cuentan con el apoyo de todos los grupos parlamentarios o, en todo caso, de los más importantes de las Cámaras. Se trataría, interpretando flexiblemente los artículos 72.3 y 74 de la Constitución, de que se convoquen en una sesión solemne a ambas Cámaras, para que hicieran una "declaración" de compromiso de modificar el artículo 57.1, en los términos señalados, a fin de establecer que la primogénita de los Príncipes de Asturias sea la Heredera del Trono, incluso aunque nazca con posterioridad un hermano varón de la recién nacida Infanta Leonor.

Y ello, a pesar de que todavía no se ha aprobado el Reglamento que exige el artículo 72.2, para el funcionamiento de las sesiones conjuntas de las dos Cámaras de las Cortes Generales. Más difícil sería recurrir a lo establecido en el artículo 57.5 de la Norma Fundamental, que establece que "cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverá por una ley orgánica", porque lo que es necesario aquí no es eso, sino ni más ni menos que la reforma de la Constitución y, si no se puede hacer antes del término de la legislatura, la "declaración" que he señalado podría resolver provisionalmente la encrucijada en que se encuentra el orden sucesorio de nuestra Monarquía, salvo que se quisiera reformar el complejo artículo 168 por el procedimiento de reforma del 167, que no exige disolución de las Cortes ni referéndum obligatorio.

Por lo demás, lo que sí se puede hacer ya es modificar el Real Decreto 1368/1987 de 6 de diciembre sobre "el régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes", a fin de dejar claro que la igualdad en la sucesión, al margen de la reforma constitucional necesaria, deberá ser total. Porque si se habla de Reina consorte, en caso de que el Rey sea varón, habrá que hablar también, cosa que no se hace, de Rey consorte y no de Príncipe, en el supuesto de que haya una Reina de pleno derecho.

En definitiva, el acceso de las mujeres al Trono es una consecuencia de la modernidad que, en algunos casos, se compadece mal con la esencia de la Monarquía, pero que en otros, como es el que comentamos, no sólo parece algo irremediable, sino más bien conveniente, al menos mientras que los ciudadanos consideren que esta forma de gobierno les es útil. De ahí que en las monarquías democráticas se haya ido imponiendo lentamente que las mujeres puedan también reinar y, en consecuencia, se han reformado las constituciones para permitirlo, o, si acaso, se piensa hacerlo, como ocurre en Japón.
Hace cuatro años, después de la abolición en 1991 de la ley sálica en Bélgica, ya se alcanzó allí esta posibilidad con el nacimiento de la hija primogénita del actual Príncipe Heredero, la cual ha pasado a ser la segunda, tras su padre, en el orden sucesorio. Como escribía entonces la corresponsal de este periódico, "su nacimiento se celebró en Bruselas como si hubiera nacido un Príncipe: con una salva de 101 cañones. Antes de la abolición de la ley sálica, la salva de honor sólo estaba compuesta por 51 cañonazos cuando una princesa venía al mundo".
En España, mientras que no se reforme la Constitución, seguirá habiendo una clara discriminación de la mujer en el acceso al Trono, y las salvas, si las hubiera, serían difíciles de ejecutar, porque la Infanta que acaba de nacer, Heredera provisional de la Corona, no sabemos todavía si tiene derecho a 101 cañonazos o sólo a la mitad...
Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente de Unidad Editorial

09 noviembre 2005

¿Es España una "república bananera"?

¡Acabáramos!, cuando pensaba que nuestro país había avanzado en todos los frentes para convertirse en una sociedad verdaderamente desarrollada resulta que los jueces nos despiertan del sueño para decirnos que somos semejantes … a una “república bananera”.
Analicemos la noticia que adjunto sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
La piedra angular de su decisión para absolver a los encausados por desobediencia a una sentencia del Tribunal Supremo es que “poseían el privilegio de la inmunidad parlamentaria”.
Según se cita, El artículo 26 del estatuto de Autonomía del País Vasco, señala en su punto sexto que "los miembros del Parlamento Vasco serán inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo".
En esa definición, que es corta y clara y que no necesita de ninguna interpretación de jueces incompetentes que cumplen a cabalidad la máxima: “Lo que natura no da, Salamanca no lo presta”, no aparece para nada que haya inmunidad parlamentaria para desobedecer las sentencias judiciales, como tampoco la hay para proteger a los parlamentarios si roban, matan, o cometen cualquier otro delito.
Y eso es así porque la inmunidad parlamentaria nace para proteger a los representantes de los ciudadanos a la hora de poder hacer su trabajo en los parlamentos, y somos precisamente los ciudadanos los que les otorgamos ese privilegio para que puedan estar tranquilos mientras nos representan debatiendo nuestros problemas y redactando leyes; pero es claro que no les hemos dado ese privilegio para que puedan actuar con impunidad al margen de la ley que es aplicable a todos sin excepción, salvo la ya señalada y asumida por la sociedad. [La Constitución es clara al respecto, pero la pobre hace ya un tiempo que viene sobrando para algunos].
Con esta sentencia de los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia se desconoce todo lo anterior y se da luz verde para que de ahora en adelante las sentencias judiciales se conviertan en papel mojado.
¡Qué disparate!
La presidenta del Parlamento Vasco, Izaskun Bilbao, afirmó que la sentencia "viene a reforzar el sistema democrático y la separación de poderes" y aseguró que con la misma "sale ganando la democracia y sale reforzada la institución" que preside.
Es precisamente en la separación de poderes a la que hace referencia, que se fundamenta la obligatoriedad de dar cumplimiento a las sentencias emitidas por uno de los tres que conforman el Estado, el Poder Judicial. Y si eso no es así, no hay Estado de Derecho y por consiguiente no hay Democracia.
¿Dónde han quedado las ideas de Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, a través de su célebre obra "Del Espíritu de las Leyes"?. Según la teoría clásica de Montesquieu, la división de poderes garantiza la libertad del ciudadano. Montesquieu compuso su teoría después de un viaje a Inglaterra en donde interpretó que un poder judicial independiente puede ser un freno eficaz del ejecutivo. El poder ejecutivo y el legislativo son dos poderes que en ocasiones también se enfrentan, sin embargo el papel arbitral entre ambos requiere de un poder judicial fuerte y respetado como uno de los poderes fundamentales del estado cuya independencia es un valor a preservar porque de ella depende que el sistema no deje de funcionar y la democracia de paso a la tiranía.
Lo que se ha reforzado, con esta sentencia impresentable, es la labor de destrucción de un país que se llamaba España y que no sabemos en qué quedará en un futuro cercano.
Ahora que todo el mundo se une, nosotros nos empeñamos en tirar por la borda el trabajo de nuestros antepasados, que deben estar retorciéndose en sus tumbas, y ratificando el dicho que por años hemos llevado a nuestra espalda como un sanbenito: “España es diferente”, y Olé.



El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco aduce "inviolabilidad parlamentaria" para absolver a Atutxa, Knorr y Bilbao

Bilbao, 8 nov (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha aducido la "inviolabilidad parlamentaria" de los acusados para absolver a Juan María Atutxa, Gorka Knorr y Kontxi Bilbao del delito de desobediencia que se le imputaba por negarse a disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak en la cámara vasca, como había ordenado el Tribunal Supremo.
La vista oral contra los representantes de PNV, EA y EB en el Parlamento Vasco se inició el pasado 25 de octubre, cuando los tres encausados llegaron al TSJPV arropados por los diferentes partidos, y concluyó tres días después, tras ratificarse los acusados en que no contravinieron la ley con sus actuaciones.
El proceso contra ellos se había abierto en el año 2003 por no cumplir la orden de la Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo, que ordenaba la disolución del grupo de Sozialista Abertzaleak, dado que sus siete integrantes eran los mismos que formaban el antiguo grupo de Batasuna, formación que fue ilegalizada el 27 de marzo de ese año.
Aunque el Ministerio Fiscal formaba parte inicialmente de la causa, posteriormente decidió retirarse e incluso pedir la libre absolución de los procesados y solamente se mantuvo la querella promovida por el sindicato de funcionarios de prisiones "Manos Limpias".
La defensa de los tres encausados, según recoge hoy la sentencia, ya había apuntado que concurría "el privilegio de inmunidad parlamentaria" de los tres procesados en el trámite previo.
El artículo 26 del estatuto de Autonomía del País Vasco, señala en su punto sexto que "los miembros del Parlamento Vasco serán inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo".
"Esta sala -indica la sentencia en sus fundamentos de derecho- carece de jurisdicción para valorar si hubo o no conducta delictiva, una vez acreditado que los imputados actuaron gozando del privilegio de la inviolabilidad parlamentaria".
Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, diferenció la sentencia absolutoria de la "convicción" de que el grupo parlamentario de Batasuna debió ser disuelto en la pasada legislatura.
La portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azkarate, mostró su satisfacción por la sentencia, preguntó "¿quién va a pedir perdón ahora?" a los tres acusados y aseguró que, con este fallo judicial, "se ha desenmascarado la farsa que se ocultaba tras la actuación del PP, acompañado del PSOE".
La presidenta del Parlamento Vasco, Izaskun Bilbao, afirmó que la sentencia "viene a reforzar el sistema democrático y la separación de poderes" y aseguró que con la misma "sale ganando la democracia y sale reforzada la institución" que preside.
Dos de los acusados, Gorka Knorr (EA) y Kontxi Bilbao (EB), mostraron su satisfacción por su absolución. Knorr destacó que "hoy es un día de alegría, en la medida en que hay una decisión judicial que restablece libertades democráticas que jamás debieron ser conculcadas", y Bilbao recalcó que el reconocimiento de la inviolabilidad de los parlamentarios es una "especial muy buena noticia" para el sistema democrático.
El portavoz del PNV, Iñigo Urkullu, expresó la "doble satisfacción" de su partido ante la sentencia absolutoria, ya que supone "una afirmación y ratificación en la autonomía del Parlamento vasco" y también por lo que supone para Atutxa "como persona".